El
ministerio de salud dispuso providencia administrativa con altos aranceles para
las farmacias
La
providencia administrativa fue sancionada por la contraloría sanitaria, órgano
dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud el 11 de septiembre
de 2015. En este acto administrativo se obliga a droguerías, expendios y
farmacias al pago excesivo de tasas por permisos de instalación, funcionamiento
y cualquier simple acto que deba realizar el farmacéutico por ley, en
representación del establecimiento al cual regente. Los aranceles son hasta de
100 unidades tributarias por trámite.
Los
últimos años de la economía farmacéutica en Venezuela han sido difíciles. El
control cambiario, la disminución y el retardo en la entrega de divisas son dos
elementos que siguen perjudicando la adquisición de los principios activos
necesarios para la fabricación de los productos farmacológicos que se
distribuyen a los establecimientos farmacéuticos.
La
Federación de Farmacéuticos de Venezuela y sus distintos miembros a nivel
nacional se han quejado públicamente de la normativa, alegando que los pagos
exigidos por la administración pública, incidirán en la estructura de costos de
los medicamentos, acto que dificulta la
adquisición de medicinas y podría provocar el cierre de farmacias, así como socavar el
bolsillo de los ciudadanos que deberán asumir los altos precios en el
mercado.
El
gremio farmacéutico, se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia con la
finalidad de solicitar la nulidad de la providencia administrativa, por cuanto
considera ilegal y contrario a la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el cobro de tasas por obligaciones y tramitaciones inherentes al
ejercicio de la profesión farmacéutica, las cuales no han sido sancionadas por
Ley.
