Los regímenes
constitucionales aparecieron más que para delimitar las reglas y normas de la
población que reside en un territorio para ordenar el estado, sus instituciones
y sus funciones. Aquellos sistemas de gobierno donde un jefe supremo se amparaba
en un supuesto poder celestial, el cual le era asignado por los dioses mientras
tomaba la siesta ó aquellos poderes transmitidos por herencia de supuestos linajes
y puras castas de la realeza son solo parte de los guiones de películas épicas
romanas y sus tiranos emperadores.
El
nacimiento y la proliferación de sistemas de gobiernos constitucionales en el
mundo posibilitan en mayor porcentaje las garantías democráticas aunque no
basta solo con redactar constituciones, el efectivo cumplimiento de los
preceptos constitucionales va de la mano al correcto funcionamiento de las
instituciones, y este, a la moralidad y ética de los funcionarios, primeramente
aquellos en funciones de dirección.
Para
cada poder, llámese ejecutivo, legislativo o judicial, clásicamente hablando, se
establecen funciones y controles que en corresponsabilidad con la teoría de la
división de poderes de Montesquieu, mantienen el equilibrio y evitan la
invasión del espacio de cada uno en el ejercicio de sus facultades. Está organización
tiene su esencia, evitar la concentración de poder, pozo de proliferación de
abusos y tiranías.
La
relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo podría marchar con
menos tropiezos cuando coincide en ellos la mayoría parlamentaria de un partido
político y el presidente de la nación de la misma tolda, por eso de la
camaradería, razón contraria a los valores éticos y morales recientemente
mencionados.
El poder
legislativo independientemente de la cantidad de parlamentarios a favor o en
contra del poder ejecutivo, tiene además de su labor en la creación de leyes,
la de controlar el ejercicio del ejecutivo, a los fines de resguardar la
integridad de la nación. Por ejemplo, la facultad de aprobación del presupuesto
de la nación de la Asamblea Nacional venezolana, es un control al ejecutivo que
intenta evitar la disposición de recursos atendiendo a criterios personalísimos,
que busca impedir que el dinero público vaya a fondos de corrupción o
simplemente no sea el dinero distribuido equitativamente entre las
instituciones.
Cada
poder tiene claros procedimientos y herramientas dentro de la constitución para
que así prevalezca el pensamiento democrático. Saltarse normas, la constante incitación
a la usurpación e invasión de poderes nos aleja de la democracia y nos
retrocede a los períodos aquellos de tiranos emperadores y gobernantes sin
control.
Simón Peraza
@sapl42
No hay comentarios.:
Publicar un comentario