La
celeridad procesal es uno de los principios del debido proceso en los sistemas
judiciales constitucionalistas. El ordenamiento jurídico de Venezuela fundado
en la supremacía constitucional no está exento del principio –al menos así está
escrito en sus hojas– aunque la garantía de la consecución de una respuesta
oportuna a las solicitudes ante la administración de justicia que se generan en
la geografía nacional quedaron a deber.
Los
procesos y órganos creados por ley, estropeados por burocracia, omisión,
negligencia, irresponsabilidad y más, han negado la obtención de justicia. La
justicia no puede ser llamada justicia si no es oportuna, si la celeridad no
está garantizada, veamos un ejemplo:
Aquellos
quienes han son detenidos bajo la presunción de inocencia, un precepto que
suena tan bien en los pasillos de la escuela de derecho, permaneciendo por años
privados de libertad en espera de iniciar un proceso judicial y luego un
tortuoso camino hasta alcanzar una sentencia sin importar cual fuere la
decisión ¿habrá obtenido justicia o injusticia?
Hablamos
de años, no de minutos cual serie de televisión que inicia con la detención del
presunto delincuente y a la vuelta de los comerciales inicia el juicio. En la
administración pública también sucede, consignar una simple solicitud de
información, puede tener una respuesta en la distancia infinita o del nunca
jamás.
En
la comunidad vasca o país Vasco en España una causa de retraso en los procesos
judiciales emana del uso del idioma. Un proceso judicial que duraría un año en
español podría durar hasta tres por el uso de la segunda lengua de esta
comunidad, el euskera. Por suerte
Venezuela tiene como lengua oficial en los procesos judiciales el castellano
aunque en ocasiones especiales pueda requerirse el auxilio de intérpretes para
lenguas extranjeras.
Este
idioma hablado por una importante representación de ciudadanos dentro de la
comunidad puede ser preferido al momento de interponer una denuncia o una
demanda pero que no garantiza la celeridad. El minoritario número de
funcionarios bilingües, la cantidad de documentos por traducir, el nacionalismo
vasco y la defensa de su idioma se convierten de la mano a la voluntad personal
de uso judicial del euskera en traba para la obtención de justicia oportuna
como debe ser.
En
Venezuela a diferencia de la región española, la celeridad de la justicia no
depende de quién formaliza denuncias, solicitudes, demandas, en un segundo
idioma oficial, un único idioma por suerte no suma al caos judicial nacional
que necesita ética y voluntad para cambiar su difícil realidad; como manifestase en su oportunidad la abogada
y profesora Antonieta Garrido: “Ciertamente
nuestro Estado Social de Justicia y Derecho, se encuentra profundamente resquebrajado,
sus grietas son tan oscuras y profundas que creo que difícilmente los que
estamos aquí podamos tener tiempo de verlas sanadas”.
Simón
Peraza Lazarde
@sapl42Para leer más del euskera en la justicia vasca el siguiente link: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/18/paisvasco/1405710308_832260.html
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