¿Justicia o injusticia?

La celeridad procesal es uno de los principios del debido proceso en los sistemas judiciales constitucionalistas. El ordenamiento jurídico de Venezuela fundado en la supremacía constitucional no está exento del principio –al menos así está escrito en sus hojas– aunque la garantía de la consecución de una respuesta oportuna a las solicitudes ante la administración de justicia que se generan en la geografía nacional quedaron a deber.

Los procesos y órganos creados por ley, estropeados por burocracia, omisión, negligencia, irresponsabilidad y más, han negado la obtención de justicia. La justicia no puede ser llamada justicia si no es oportuna, si la celeridad no está garantizada, veamos un ejemplo:

Aquellos quienes han son detenidos bajo la presunción de inocencia, un precepto que suena tan bien en los pasillos de la escuela de derecho, permaneciendo por años privados de libertad en espera de iniciar un proceso judicial y luego un tortuoso camino hasta alcanzar una sentencia sin importar cual fuere la decisión ¿habrá obtenido justicia o injusticia? 

 

Hablamos de años, no de minutos cual serie de televisión que inicia con la detención del presunto delincuente y a la vuelta de los comerciales inicia el juicio. En la administración pública también sucede, consignar una simple solicitud de información, puede tener una respuesta en la distancia infinita o del nunca jamás.

En la comunidad vasca o país Vasco en España una causa de retraso en los procesos judiciales emana del uso del idioma. Un proceso judicial que duraría un año en español podría durar hasta tres por el uso de la segunda lengua de esta comunidad, el euskera. Por suerte Venezuela tiene como lengua oficial en los procesos judiciales el castellano aunque en ocasiones especiales pueda requerirse el auxilio de intérpretes para lenguas extranjeras.

Este idioma hablado por una importante representación de ciudadanos dentro de la comunidad puede ser preferido al momento de interponer una denuncia o una demanda pero que no garantiza la celeridad. El minoritario número de funcionarios bilingües, la cantidad de documentos por traducir, el nacionalismo vasco y la defensa de su idioma se convierten de la mano a la voluntad personal de uso judicial del euskera en traba para la obtención de justicia oportuna como debe ser.

En Venezuela a diferencia de la región española, la celeridad de la justicia no depende de quién formaliza denuncias, solicitudes, demandas, en un segundo idioma oficial, un único idioma por suerte no suma al caos judicial nacional que necesita ética y voluntad para cambiar su difícil realidad;  como manifestase en su oportunidad la abogada y profesora Antonieta Garrido: “Ciertamente nuestro Estado Social de Justicia y Derecho, se encuentra profundamente resquebrajado, sus grietas son tan oscuras y profundas que creo que difícilmente los que estamos aquí podamos tener tiempo de verlas sanadas”.

Simón Peraza Lazarde

@sapl42

Para leer más del euskera en la justicia vasca el siguiente link: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/18/paisvasco/1405710308_832260.html

El responsable es Nadie

La administración pública y sus distintas oficinas en coincidencia histórica de caos nacional se convirtieron paulatinamente en lugares desatinados donde los venezolanos acuden con desesperanza y poca suerte, bajo la molida premisa constitucional de ejercer un derecho, el acceso a la administración pública “…servicio de los ciudadanos y ciudadanas que se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y el derecho…”

Por ejemplo, -la honestidad- de un funcionario se hace común en frases como: “Trataré de procesar su solicitud pero no creo alcance el tiempo, hoy me voy temprano”; con la participación sucede algo peculiar, quienes necesiten acudir a la administración deberán –participar- con seguridad en tempranas y largas colas para ser atendidos; -La celeridad- se pierde de vista, es una costumbre en planillas de trámites, fechas impresas que no se cumplen, otra en tinta fresca del funcionario que tampoco y otras en -la experiencia ciudadana – que acude día tras día; cuestión que no acaba pues -la eficacia- dependerá del ánimo del servidor, para la eficiencia la explicación vasta volver a leer.

El párrafo anterior podría extenderse con experiencias de cualquier venezolano, usted, él, nosotros y vosotros, ahora bien, el razonamiento recae sobre el único factor que podría encausar el trabajo en la administración pública sin hacer referencia a la ética funcionarial o el respeto ciudadano por haber sido ambos enterrados en el olvido; se trata de la responsabilidad en el ejercicio de la función pública mencionada al inicio de este texto. 

El exceso o abuso de poder que acarrea responsabilidad individual y/o la responsabilidad patrimonial del Estado por el menoscabo de los derechos ciudadanos ante la administración podrían corregir con su aplicación para hacer de las instituciones públicas, verdaderos espacios de servicio al ciudadano, pero las normas y la voluntad de hacerlo efectivo duermen en la casa del poder, un poder que se escuda en espacios sin responsables.

Siguiendo a Hannah Arendt en Crisis de la República: “La última y quizás más formidable forma de semejante dominio es la burocracia o dominio de un complejo sistema de oficinas en donde no cabe hacer responsables a los hombres, ni a uno ni a los mejores, ni a pocos ni a muchos, y que podría ser adecuadamente definida como el dominio de Nadie. (Si, conforme al pensamiento político tradicional, identificamos la tiranía como el gobierno que no está obligado a dar cuenta de sí mismo, el dominio de Nadie es claramente el más tiránico de todos, dado que no existe precisamente nadie al que pueda preguntarse por lo que se está haciendo)”.      

Simón Peraza Lazarde

@sapl42