Criterio Nuestro es el blog personal de Simón Adrián Peraza Lazarde. Un poco de mucho donde participan colaboradores escribiendo opinión, investigación y demás géneros periodísticos o literarios.

viernes, 20 de enero de 2017

Justicia mágica #TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia tiene una varita mágica. Mi bella genio que desaparecía y aparecía con gran facilidad, Aladino y el genio de la lámpara, Harry Potter y su magia, todos tienen en común la capacidad de convertir y cambiar las cosas. La magia es un arte, el TSJ hace arte con sus expeditas decisiones que interpretan la constitución a diestra y siniestra.

Con la llegada de la nueva Asamblea Nacional, la magia negra judicial aceleró su actuación. La velocidad para crear y pronunciar decisiones solo puede ser comparada con la cantidad de cadenas presidenciales de radio y televisión. Los pronunciamientos de este órgano elegido por voto popular con gran margen dejó de la noche a la mañana de ser democrática, casualmente también dejó de ser roja. 


De pronto, la mejor constitución bolivariana ha requerido interpretaciones desde el máximo tribunal para hacer legal lo que no es y hacer ilegal lo que sí es legal. Recientemente han necesitado explicar que una persona con doble nacionalidad debe renunciar a una de ellas, para entonces ser elegible como presidente o vicepresidente, muy oportuno análisis; también sería oportuno que agregasen la obligatoriedad de exhibir las actas de nacimiento y la renuncia a la nacionalidad de los postulantes u ocupantes de los cargos.

Pero es que también hubo magia con el revocatorio. El hijo más preciado de la constitución, el referéndum revocatorio, la facultad novedosa del texto constitucional expresada por la soberanía popular, el derecho a despedir a quien falló en el ejercicio de su cargo fue también suspendido por supuesto fraude denunciado ante tribunales penales siendo esto una competencia electoral.

Lo último del TSJ fue decretar constitucional los estados de excepción teniendo su motivación en la consecución del bienestar ciudadano aún cuando desde el primer decreto, el hambre, la inseguridad y el caos económico sean evidentemente mayor. Falta que los juristas del horror criollo declaren la constitucionalidad del hambre, la motiva podría ser que estábamos comiendo mucho y que debemos apreciar lo poco que tenemos, mientras en cadena nacional el presidente constitucional se hace ver más gordo cada día y comenta estar alimentadose bien.

Simón Peraza Lazarde
@sapl42

domingo, 8 de enero de 2017

¿Justicia o injusticia?

La celeridad procesal es uno de los principios del debido proceso en los sistemas judiciales constitucionalistas. El ordenamiento jurídico de Venezuela fundado en la supremacía constitucional no está exento del principio –al menos así está escrito en sus hojas– aunque la garantía de la consecución de una respuesta oportuna a las solicitudes ante la administración de justicia que se generan en la geografía nacional quedaron a deber.

Los procesos y órganos creados por ley, estropeados por burocracia, omisión, negligencia, irresponsabilidad y más, han negado la obtención de justicia. La justicia no puede ser llamada justicia si no es oportuna, si la celeridad no está garantizada, veamos un ejemplo:

Aquellos quienes han son detenidos bajo la presunción de inocencia, un precepto que suena tan bien en los pasillos de la escuela de derecho, permaneciendo por años privados de libertad en espera de iniciar un proceso judicial y luego un tortuoso camino hasta alcanzar una sentencia sin importar cual fuere la decisión ¿habrá obtenido justicia o injusticia? 
 
Hablamos de años, no de minutos cual serie de televisión que inicia con la detención del presunto delincuente y a la vuelta de los comerciales inicia el juicio. En la administración pública también sucede, consignar una simple solicitud de información, puede tener una respuesta en la distancia infinita o del nunca jamás.

En la comunidad vasca o país Vasco en España una causa de retraso en los procesos judiciales emana del uso del idioma. Un proceso judicial que duraría un año en español podría durar hasta tres por el uso de la segunda lengua de esta comunidad, el euskera. Por suerte Venezuela tiene como lengua oficial en los procesos judiciales el castellano aunque en ocasiones especiales pueda requerirse el auxilio de intérpretes para lenguas extranjeras.

Este idioma hablado por una importante representación de ciudadanos dentro de la comunidad puede ser preferido al momento de interponer una denuncia o una demanda pero que no garantiza la celeridad. El minoritario número de funcionarios bilingües, la cantidad de documentos por traducir, el nacionalismo vasco y la defensa de su idioma se convierten de la mano a la voluntad personal de uso judicial del euskera en traba para la obtención de justicia oportuna como debe ser.

En Venezuela a diferencia de la región española, la celeridad de la justicia no depende de quién formaliza denuncias, solicitudes, demandas, en un segundo idioma oficial, un único idioma por suerte no suma al caos judicial nacional que necesita ética y voluntad para cambiar su difícil realidad;  como manifestase en su oportunidad la abogada y profesora Antonieta Garrido: “Ciertamente nuestro Estado Social de Justicia y Derecho, se encuentra profundamente resquebrajado, sus grietas son tan oscuras y profundas que creo que difícilmente los que estamos aquí podamos tener tiempo de verlas sanadas”.

Simón Peraza Lazarde
@sapl42

Para leer más del euskera en la justicia vasca el siguiente link: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/18/paisvasco/1405710308_832260.html